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Como es de todos conocido, el pasado 5 de febrero el presidente L贸pez Obrador present贸 a la C谩mara de Diputados un conjunto de iniciativas de reformas y adiciones a la Constituci贸n. Algunas de ellas han sido comentadas con detalle y preocupaci贸n, como es el caso de las relacionadas con los poderes judiciales de la Federaci贸n y de las entidades federativas. Otras han sido analizadas con alguna generalidad sin expresar a cabalidad sus efectos e implicaciones. Este es el caso de todas aquellas que, bajo el gen茅rico t铆tulo de 鈥渟implificaci贸n org谩nica鈥�, pretenden desaparecer diversos 贸rganos constitucionales aut贸nomos para transferir o desvirtuar las funciones que realizan.

Para la comprensi贸n sobre las muchas e importantes consecuencias de la iniciativa presidencial, conviene considerar primeramente lo que tiene que ver con la transferencia pura y dura de las competencias que hoy realizan diversos 贸rganos constitucionales aut贸nomos. Sencillamente, las funciones de la Comisi贸n Federal de Competencia Econ贸mica pasar铆an a la Secretar铆a de Econom铆a; las del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretar铆a de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de la Comisi贸n Nacional de Hidrocarburos y las de la Comisi贸n Reguladora de Energ铆a a la Secretar铆a de Energ铆a; y las del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educaci贸n a la Secretar铆a de Educaci贸n P煤blica.

Si observamos con atenci贸n la iniciativa, el presidente no plantea desaparecer las funciones estatales que actualmente prev茅 la Constituci贸n, sino que propone que 茅stas se lleven a cabo por 贸rganos de su propia administraci贸n p煤blica. Dicho de otra manera, lo que L贸pez Obrador quiere es que tales competencias las realicen 贸rganos dependientes de 茅l y cuyos titulares pueda nombrar y remover libremente. Desde esta 贸ptica, es evidente la falsedad de las justificaciones de ahorros o excesos neoliberales. Se trata, en realidad, delintento por llevar las mismas funciones a la 贸rbita de poder del presidente.

Adem谩s, la condici贸n que pretende darse al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci贸n y Protecci贸n de Datos Personales, muestra el mismo af谩n concentrador y la incomprensi贸n de las funciones que tal 贸rgano tiene encomendadas. Ello es as铆 porque, si bien es cierto que se rectific贸 la absurda idea originaria de concentrar en la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica Federal todo lo relacionado a la transparencia y acceso a la informaci贸n referente a la totalidad de los 贸rganos federales, en lo relativo a la tutela y protecci贸n de datos personales en posesi贸n de particulares, se pretende que la funci贸n estatal prevista en el art铆culo 16 constitucional sea asignada a un 贸rgano de la administraci贸n p煤blica del presidente de la Rep煤blica.

La aprobaci贸n de la propuesta presidencial producir铆a una inmensa concentraci贸n de funciones en el titular del Poder Ejecutivo Federal. M谩s all谩 de sus ret贸ricas sobre el neoliberalismo, el conservadurismo o la dilapidaci贸n de recursos p煤blicos, aquello que hoy tiene el car谩cter de funci贸n estatal terminar铆a siendo una funci贸n gubernamental adscrita a un solo hombre. A su administraci贸n corresponder铆a, por ejemplo, asignar las concesiones sobre los bienes p煤blicos y, simult谩neamente, determinar las condiciones de competencia entre los participantes. Tambi茅n, valorar los avances de la educaci贸n nacional que 茅l mismo conduce. Aqu铆 s铆 aplica, desde luego con fundamento constitucional, aquello sobre ser juez y parte simult谩neamente. Nada m谩s y nada menos.
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